La histeria antidroga moderna y el fracaso de la estrategia prohibicionista

Susana Pataco Zêzere Barradas
Estudiante Doctoral en Psicología
Universidad de los Andes
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Es difícil pensar en el asunto de las drogas sin reportarse inmediatamente al debate que se ha venido dando en varias sociedades alrededor del globo acerca de las bondades y males de su legalización. Este es un tema aún más complejo y sensible en Colombia, cuya agenda gubernamental en materia de relaciones exteriores ha establecido como prioridad el combate a la producción de drogas, y cuya historia desafortunada en torno al tema ha dejado una herida abierta, aún por sanar.

Vale la pena aclarar que la dosis personal de marihuana y cocaína para uso recreativo ya se encuentra despenalizada en el país, por lo que el debate tiene que ver, por un lado, con la iniciativa de sumar a esta categoría las drogas sintéticas; y por otro, con la posibilidad de una legalización de la producción, consumo y suministro de drogas. En esta última perspectiva subyace la asunción de que existe una realidad innegable frente al consumo de drogas, y que la mejor estrategia para abordarla sería el establecimiento de un marco legal capaz de regularlo, en contraposición al carácter punitivo que se ha adelantado hasta ahora.

La apertura del debate es sin duda reveladora del fracaso de la estrategia prohibicionista en que se ha incurrido, así como del estatuto de actividad ilícita otorgado a la producción y distribución de narcóticos, desde inicios del siglo XX en todo el mundo. La conclusión de varios informes es que la estrategia empleada hasta ahora sólo ha permitido fortalecer las bandas criminales, brindando en ocasiones un terreno fértil para su propagación. Dadas las condiciones óptimas, estas han logrado armarse como verdaderos ejércitos y arremeter con actitudes de intimidación a la sociedad civil y a los mismos gobiernos (cuya capacidad de respuesta ha estado, en unos casos, debilitada; y en otros, influenciada por estas mismas fuerzas oscuras).

Así dadas las cosas, el punto de vista liberal aboga por la necesidad de mirar la problemática con otros lentes, propios de las demandas actuales y capaz de acompañar los cambios acelerados en materia económica, social y política a que obligan nuestros tiempos. Sobretodo, esto debe estar libre de presiones de índole moralista, religioso, ideológico o partidario, e ir anclada de la evidencia científica tanto cuanto sea posible.

Otros pensadores interceden por los derechos individuales; el premio Nobel de Economía, Milton Friedman, se ha adscrito al slogan “es prohibido prohibir” para dar cuenta de la inconstitucionalidad que representa la prohibición, toda vez que esta suprime la libre elección de las personas sobre qué hacer con su cuerpo, sus convicciones, voluntad, etc. Así, una sociedad democrática implicaría, forzosamente, la legalización total de las drogas. En Colombia, personajes tan destacados como Gabriel García Márquez o Antanas Mockus han propuesto un paradigma de reducción de daños con un énfasis en salud pública, donde la alternativa a la imposición dogmática pasaría por legalizar y reglamentar, con la puesta en marcha de un trabajo en paralelo de educación y prevención.

Ahora bien, quedan algunas preguntas difíciles de responder. En dicho caso que primen los argumentos más sensatos: ¿estará nuestra sociedad preparada para la auto-administración de sustancias? Aún no tengo tan clara una posición acerca de la adopción de un sistema de legalización total vs. legalización regulada, si no, veamos las implicaciones que tiene cada una de ellas. La legalización total descartaría cualquier forma de intervención o control por entidades gubernamentales respecto a las características de la producción, venta o consumo, quedando así sometida a las leyes del mercado. En la legalización regulada esos aspectos se verían restringidos por iniciativas estatales, de carácter normalizador. Esta última opción es la que menos garantiza las aspiraciones de libertad individual porque estarían todavía implicadas sanciones siempre que existan actividades por fuera de la estructura legal ratificada.

Convicciones personales me llevan a defender el derecho a la autorrealización, aunque la insuficiente evidencia empírica acerca de las implicaciones de una liberalización total deja algunos temores frente al pronóstico. Por otra parte, creo que la distinción entre los tipos de legalización puede ser poco realista, toda vez que drogas como el alcohol o el tabaco, tienen ya su producción y consumo regularizados. ¿Qué podría resultar distinto para las demás sustancias?

Otro aspecto importante tiene que ver con las dinámicas de la distribución. En caso de una legalización regulada, ¿En manos de quién quedaría la labor? El ejemplo del tabaco y alcohol haría adivinar que esta estaría en manos de multinacionales, lo que no me deja particularmente tranquila.

Volviendo al asunto de la libertad individual, es posible que esta no se vea necesariamente mermada por la intervención estatal. En este sentido, Karl Popper en “La sociedad abierta y sus enemigos” ha argumentado que la intervención del Estado es una condición posibilitadora de esa libertad individual, debido a lo que él llama la paradoja de la libertad. Esta paradoja parte de la idea de que las acciones de algunos individuos pueden llegar a privar la libertad de otros, y por eso sugiere que si se desea la propia libertad, habría que aceptar que el Estado la limite hasta cierto punto. En el caso de las drogas, esto significaría entender y aceptar la legalización como “regulación y control” en la cuál se daría la revocación de la prohibición, pero no una legalización en la íntegra.

Desde luego que todas estas ideas son refutables, dependiendo del paradigma desde el cuál uno se posicione. De hecho, el cierre del debate no remata la cuestión, por el contrario, apenas daría inicio a un proceso de cambio social que sólo sería posible a través de la mancomunación sectorial, institucional y demás agentes sociales. Adicionalmente, la puesta en marcha de una metodología evaluativa temprana, que permitiera apurar oportunamente los avances y retrocesos en esta materia, sería un prerrequisito básico.

Los convencionalismos monolíticos se encuentran en decadencia y en esta, como en muchas otras materias contemporáneas, debemos hacer valer el ejercicio de la razón pública, ampliando el debate y co-construyendo nuevas orientaciones. Porque si no somos nosotros, ¿Quién? Y si no es ahora, ¿Cuándo?